SISTEMAS Y MODELOS

Ángel Sánchez Blanco*

Academia Malagueña de Ciencias

En las últimas semanas compañeros de la Academia han incidido sobre las estructuras organizativas de la naturaleza y de la sociedad. El Prof. Lucena mediante la Analítica, en este mismo marco, del funcionamiento de la naturaleza y el comportamiento sistémico de los sistemas naturales en este mismo marco, y el Dr. Soriguer con la consideración del modelo liberal y sus derivaciones postmodernas en la revista Sinapsis.

Nos presentan las contradicciones que inciden sobre el Sistema o el Modelo: el Prof. Lucena aprecia la incidencia negativa que sobre el funcionamiento sistémico de la naturaleza tiene el asistematismo oportunista, sintetizado en términos de uso habitual “los océanos y la atmósfera lo aguantan todo” o “aquí no pasa nada y si pasa ya lo arreglaremos””, y el Dr. Soriguer registra la mutación que está incidiendo sobre el modelo liberal “lo que está ocurriendo, poco a poco, en todo el mundo occidental y desde luego en España, es que aquel viejo liberalismo, heredero de la Ilustración, en sus dos formas, la conservadora demócrata cristiana y la progresista, socialdemócrata, está siendo sustituido a marchas formadas por este neoliberalismo que antepone los intereses de un mercado (ahora globalizado) a los intereses ciudadanos”.

Las aportaciones de ambos compañeros, desde el concepto de sistema o desde el concepto modelo, constatan los efectos desestructurantes de los contenidos, estructurales y estructurantes, del sistema y del modelo. Sobre el sistema, la Academia de la Lengua lo conceptualiza como “conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”, y modelo es conceptualizado como “Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”.

Reglas, principios, arquetipos, puntos de referencia…, guiados por la condición de “racionalmente enlazados”, que confluyen en legitimar la imitación o reproducción y que son relativizados, menoscabados, superados o anulados por posiciones o actitudes contra sistema o contra modelo que sustituyen al paradigma previo. Las acciones contra sistema no pueden llegar a configurar un nuevo sistema que supla la racionalidad del prexistente, por el simple efecto de que la alteración de los sistemas naturales solo puede tener un trágico desenlace. Componente trágico, en la alteración de los equilibrios naturales sobre las formas y modos de vida, que no está muy lejos en sus resultados perversos de las consecuencias que puede producir la desestructuración institucional generada por la neutralización del modelo liberal ilustrado.

Coinciden ambas aportaciones académicas en la concreción del agente perturbador y de las acciones de deterioro del sistema o del modelo: el Prof. Lucena identifica las “actividades realizadas por la parte de la sociedad que ha ostentado y ostenta el poder económico”, y el Dr. Soriguer singulariza un “poder económico, capaz de doblegar a la representación ciudadana, bien con la disculpa de las grandes inversiones, bien con otras formas menos presentables. Un neoliberalismo que no tiene barreras y que ha aprendido bien pronto que lo que importa no son los hechos ni la opinión de los ciudadanos, sino quien tiene más poder para imponer una historia capaz de convencer, seducir o engañar a la ciudadanía y a sus representantes”.

El componente económico une a ambos autores y sitúa el poder fáctico económico en una irrelativizable presencia, que no distingue periodos temporales ni condicionantes institucionales, y que configura un modo de actuar que relativiza el aparente cambio de los marcos y situaciones políticas. Es renuente al control político y resiliente a un control institucional y judicial que no está diseñado para ser efectivo. Aporto ejemplos sectoriales y no entro en el núcleo del subyacente fallo sistémico.

La base territorial de España está compuesta, no se puede decir articulada, por 8.132 municipios. Son calificados, por el texto constitucional, como autónomos “para la gestión de sus respectivos intereses”.  Han recibido, por la legislación urbanística, cada uno de estos ocho millares de ayuntamientos, la incondicionada capacidad para calificar el uso del suelo municipal, sin la existencia de los adecuados instrumentos supramunicipales, que correspondería elaborar a las Comunidades Autónomas para reglar esas calificaciones y que han fracasado en su diseño y en su gestión.

Culmina el desestructurado esquema administrativo, una demostrada falta de interés, de la Administración General del Estado, para ejercitar sus competencias, en la determinación del básico eje de abscisas y ordenadas, que requiere marcar cualquier actividad pública o privada en el territorio: la delimitación del dominio público marítimo terrestre y la delimitación del dominio público hidráulico en los cursos de agua. El espectacular deterioro de los sistemas naturales es el consecuente resultado de no integrar las relaciones intermunicipales en un privilegiado territorio que tiene perfectamente definidas sus comarcas naturales.

El urbanismo municipal ha estado potenciado, en sus disfunciones, por la Ley del Suelo y Valoraciones de 1998, con la colaboración de la desregulación económica, las privatizaciones de empresas públicas y la recepción, desde Estados Unidos, de la fenomenología de las hipotecas, intermediadas por Banca y Cajas de Ahorro, con la disfunción de hipotecar bienes inmuebles por valor superior al bien hipotecado, y el conocido efecto de abrir, mediante la ininteligible parcelación de esa masa hipotecaria, la vía a la crisis económica internacional de 2007-2008 .

Tangibles beneficios aportó la crisis al sector bancario español: no ha compensado el coste económico público de su rescate y ha incorporado los patrimonios y cuentas de las Cajas de Ahorro, con inculpación a los tenedores de tarjetas black que, sin duda, no eran parangonables a un modelo, y resolver lo que, en el conjunto de los países mediterráneos europeos, era un problema para la gran banca, y que requería la necesaria crisis de la Cajas y su deseable amortización.

Doblegar el ahorro popular, como parte de la metodología de doblegar al ciudadano al que se obliga, por el Estado, a tener cuenta bancaria y a sustituir la privacidad en el uso de monedas y billetes de curso legal por tarjetas bancarias, no black sino de variopintos colores, que secuencian y explicitan con pormenorizado detalle todos sus ingresos y gastos. Y, como complemento, instrumentalizan las ciudades y las infraestructuras, con variopintas ocurrencias de inversores, conexos con la anonimia de Fondos de Inversión que, incluso, se definen como “soberanos”, calificativo que incentiva reflexionar, en otro momento, sobre el concepto de soberanía como parte de un Sistema Institucional y un Modelo Cívico.

*Ángel Sánchez Blanco es académico de número y Censor de la Academia Malagueña de Ciencias. Catedrático de Derecho Administrativo (J) de la Universidad de Málaga.

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