REPENSAR Y RECUPERAR. EL MODELO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL ANTES Y EN EL DESEABLE DESPUÉS DE LA PANDEMIA

¿Cómo pueden contribuir las ciencias sociales y las humanidades al análisis del impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo en la sociedad? Diversos académicos pertenecientes a la Academia Malagueña de Ciencias, encuadrados en la Sección de Ciencias Sociales, traerán a esta tribuna de opinión sus particulares perspectivas sobre este asunto. Intentamos así contribuir al encuentro entre las ciencias y las humanidades. Es este un objetivo prioritario, pues parece imprescindible que juntos pensemos el mundo, ya que no es la naturaleza la que se especializa sino los humanos. La especialización ha contribuido de manera muy importante al aumento de la información y al progreso, pero también hay en este momento un exceso de información, una infodemia, que no siempre contribuye a la mejora del conocimiento. El pensamiento crítico independiente de los académicos, nos permitirá conocer mejor los desafíos a los que la sociedad se enfrenta como consecuencia de esta catástrofe mundial sobrevenida.

Ángel Sánchez Blanco

Academia Malagueña de Ciencias

En las fructíferas reflexiones de la Academia Malagueña de Ciencias durante el confinamiento y con atinado carácter propositivo, José Damián Ruiz Sinoga, señaló un objetivo: repensar, el territorio con los correctivos que requieren neutralizar los efectos del Cambio Climático, e integrar la valoración de la “distancia social”, los efectos de las altas densidades, el teletrabajo con significativos efectos en la ruptura de los flujos horarios y concentraciones sociales en las actividades económicas.

El territorio de referencia para la reflexión ha sido Málaga, muestra optima, por la diversidad de su territorio provincial, desde el singular espacio marítimo-terrestre de Maro-Cerro Gordo a la ubérrima Vega de Antequera, y desde la excepcional muestra de helechos de la vecina Sierra de Grazalema (Cádiz), en la que la confluencia de las corrientes mediterráneas y atlántica generan uno de los más altos índices de precipitación de la Península Ibérica, a los residuales índices de lluvia de la Axarquía y su crónica carencia de agua para sus cultivos intensivos.

La reflexión, la metodología de repensar, incorpora la evaluación de acciones sobre el territorio, en conflicto con valores y principios ambientales, que requieren de correctivos en las acciones de futuro y, en este marco, incide la carencia de respeto al marco legislativo como causa concurrente en el deterioro ambiental.

Con la voluntad -en clave jurídica- de corregir disfunciones institucionales en el territorio y evitar que, actuaciones públicas y privadas, deterioren los coherentes parámetros naturales, identifico aspectos que marcan puntos de referencia en la metodología de repensar las acciones territoriales.

1. En la provincia de Málaga, son 103, los alcaldes que compiten, en la libre calificación de usos y actividades en su correspondiente territorio municipal, en el conjunto de Andalucía, suman 778 unidades de decisión y, para el conjunto de España, coexisten 8.131 alcaldes. Todos ellos están supeditados al movimiento, por el espacio provincial, regional o nacional, de los promotores de construcciones inmobiliarias, de instalaciones comerciales, de servicios o industriales, que hacen competir, a la baja, a los alcaldes para seducirlos con la generación de puestos de trabajo y proyectar en la localidad los beneficios del desarrollo económico.

2. La consideración de las claves inter y supra municipales, que pudiera dignificar la posición de los responsables municipales, ha sido invalidada por la práctica político-administrativa que ha neutralizado la histórica figura de la Comarca Natural. Debiera ser la Comarca, por razón de sus peculiaridades geográficas y comunes factores sociales y económicos, el centro de debate y decisión de los intereses comunes para los municipios interrelacionados por su interdependencia. En contraste, ha sido neutralizada en el ámbito político-administrativo en paradójico conflicto con su prevalencia como referente territorial para la prestación de los servicios energéticos, telemáticos, financieros y en el subsector administrativo de la seguridad, como muestra la estructura organizativa de la Guardia Civil. De modo simultáneo, la práctica político-administrativa ha neutralizado las Áreas Metropolitanas, en su condición de estructuras intermunicipales, cohesionadas por sus interrelaciones económicas y sociales, y desnaturalizadas mediante sustitutivos terminológicos, como “aglomeración urbana”, desactivación en la que ha concurrido la opción organizativa de las Mancomunidades y Consorcios, que han contribuido a desestructurar el Área Metropolitana y también la Comarca, mediante el fraccionamiento del territorio metropolitano o comarcal, en función de los distintos puntos cardinales. Prácticas político-administrativas en incoherente conflicto con la precisa regulación de Comarcas y Áreas Metropolitanas en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985.

3. Los controles administrativos sobre los municipios, por la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas, no han sido capaces de integrar las claves intermunicipales y supramunicipales. El burbujeante urbanismo aporta lamentables muestras de neutralización de leyes y de actuaciones descontroladas sobre el territorio, fenomenología a la que se ha agregado la ineficacia de la tipificación de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, proyectado en controles aleatorios ante la imposibilidad de controlar las desviaciones generalizadas.

4. Las Diputaciones Provinciales han contribuido al desdibujamiento de la estructura territorial, y de la dinámica representativa intermunicipal y supramunicipal, por efecto de una peculiar estructura organizativa, que vincula la elección de una teórica estructura de representación municipal a la extemporánea figura del Partido Judicial. La ratificación por España de la Carta Europea de Administración Local tiene pendiente de cumplir el compromiso de Estado Español para adecuar la estructura de las Diputaciones a la elección directa de los Diputados Provinciales, sin los sortilegios de la elección indirecta instrumentada por los concejales a través de la disfuncional estructura de los Partidos Judiciales.

5. La brecha de las entidades públicas del Estado Español con las premisas jurídico-institucionales, permite apreciar en las imágenes aportadas por el profesor Ruiz Sinoga, el flagrante incumplimiento de la Ley de Aguas de 1985, de la Ley de Costas de 1988. Neutralización de significativas leyes sectoriales, que incorpora paradojas, como la asimilación por la Directiva de Aguas de la Unión Europea del año 2000, del modelo de Confederaciones Hidrográficas  las premisas organizativas de la legislación de aguas española. El incumplimiento de las muy significativas leyes citadas, tiene complemento en un fenómeno jurídico peculiar: el  bloqueo jurídico del tríptico legal formado por La Ley de Suelo, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, inteligente alternativa de la Ministra Narbona, en 2007, que determinó la medida político-administrativa de su nominación como alto representante de España ante la OCDE y la desactivación del tríptico legal, con la finalidad objetiva de no perjudicar la dinámica inmobiliaria y financiera que, como ya se mostraba en aquel año, era solo una “burbuja inmobiliaria”.

Los rotundos contenidos de las tres Leyes de 2007, tienen profundas interrelaciones con los contenidos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que parecen contar con el entusiasmo político-administrativo -si se repara en como portan, nuestros más significativos dignatarios, el emblema en sus ojales-, pero la pregunta es ¿va a ser la pandemia, y sus lacerantes efectos, la que incorpore, por fin, la metodología de pensar, con alternativas que lleguen a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible o, con recuerdo del tríptico legal citado, el éxito de las tres vacunas volverá a inmunizar al sistema político-administrativo español en sus prácticas ajurídicas contra el común de los sentidos?

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